La política hostil que mantiene la Casa Blanca con respecto a Venezuela tiene sus inicios mucho antes que Nicolás Maduro asumiera la presidencia de la República;  Se pueden considerar las acciones desestabilizadoras en el país y el golpe de Estado en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y procesos desestabilizadores como el plan “La Salida” , que significó una escalada de violencia en febrero de 2014, y las manifestaciones violentas de 2017, sobre las cuales tuvo un efecto pacificador la eleccion de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue convocada por el Ejecutivo nacional en mayo de 2017 y electa el 30 de julio del mismo año.

Estas maniobras imperialistas buscan forzar un cambio de gobierno en Venezuela para controlar sus recursos naturales, y son asistidas por una campaña mediática internacional que pretende legitimar estas acciones.

Frente a esto, el presidente Nicolás Maduro consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud formal para el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales.

El bloqueo económico y comercial que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, entre otras consecuencias, limita al Estado venezolano su capacidad de importación de bienes básicos como alimentos y medicinas. Estas ilegales medidas coercitivas unilaterales  transgreden la Carta de las Naciones Unidas y perjudican a todo el país.

Desde 2014, más de 7 mil millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados en 40 bancos internacionales y se estima que el bloqueo ha generado pérdidas al Estado por el orden de 130.000 millones de dólares.

Como respuesta a esto, el Gobierno Bolivariano promovió en 2020, la creación de una Ley Antibloqueo que permitirá encarar y superar el bloqueo impuesto por los EEUU en complicidad con otros paises imperialistas.

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