2 mil cadáveres víctimas del terrorismo de estado en Colombia
Bogotá, agosto de 2020.
Por Freddy Castro Victoria *
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció en los primeros días de su gobierno, los principios de las políticas de la seguridad pública y mencionó las estrategias de la Defensa Nacional, la Seguridad Ciudadana y la Colaboración Ciudadana, como pilares de la seguridad en Colombia y que después se consignaran en su Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD” para el cuatrienio 2018-2022.
Destacó en su plan, varios elementos que, en su criterio, son los más importantes para la eficacia de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana en Colombia, a través del desarrollo de la siguiente ecuación básica: LEGALIDAD+EMPRENDIMIENTO=EQUIDAD.
De esta forma, se entiende a la legalidad como un elemento importante de la expresión de la seguridad, que en unión del valor de la justicia y de la convivencia con participación ciudadana, se lograra la equidad como fórmula para alcanzar el desarrollo económico y humano, los cuales contribuirán a eliminar los índices de pobreza y el aumento sostenido de la clase media como el gran cambio social, como resultado de las políticas económicas, de un modelo capitalista y neoliberal, que serán soportadas en la concepción de la doctrina de la seguridad nacional que hoy a través de masacres en contra de líderes, lideresas y ex combatientes de FARC constituyen el terrorismo de Estado impuesto desde el 2002 con la Seguridad Democrática y que hoy se renueva con la paz con legalidad,
En consecuencia, de conformidad con el planteamiento del actual gobierno nacional y de acuerdo con la experiencia económica de los últimos gobiernos insertos en el modelo capitalista, acordes con la teoría económica neoliberal, se planteó una estrategia para lograr imponer en la realidad otra fórmula de la ecuación:
Represión y coacción en seguridad pública, que es asimilada a la ecuación “legalidad más negocios” turbios de las multinacionales de extracción minera para garantizar la acumulación de la riqueza a los conglomerados económicos en ejercicio de la corrupción privada y pública, para garantizar las elecciones presidenciales del 2022 por parte de estatus quo político y económico a su servicio.
En el escenario internacional y para desviar la opinión, acude a la estrategia, de enfrentar cualquier amenaza exterior mediante la profundización de las relaciones internacionales, con aquellos países aliados que compartan sus valores e intereses y que permitan, una “defensa conjunta en el marco de la defensa nacional” en caso de una agresión enemiga.
Igualmente concibe la disuasión de las amenazas para asegurar la defensa del territorio terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y en el ciberespacio, para garantizar la teórica soberanía territorial y económica para doblegar las conductas hostiles.
Esta concepción de seguridad, responde a una estrategia geopolítica periférica, en la que determino al país vecino de Venezuela, como la expresión de un gobierno no democrático y dictatorial, para lo cual ha acudido al liderazgo en América Latina, a través de todas las estrategias diplomáticas posibles, para lograr la desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional y para servir de plataforma de desestabilización política para el beneficio del país satélite de la región: los Estados Unidos de América del Norte, como correspondencia a los negocios propios del sistema capitalista en su fase superior a través del populismo neoliberal.
De la misma manera, destacó como otra estrategia importante, priorizar la protección del agua, la biodiversidad y el medioambiente como elementos claves de la seguridad nacional, la cual estará a cargo de la “Fuerza Ambiental”, cuya misión, será lograr el desmantelamiento de las economías ilícitas, como los narcos cultivos y la minería ilegal y a cambio impulsar la política del emprendimiento y la equidad como políticas públicas del sector minero, a través de la técnica del tracking que atenta contra la biodiversidad.
Consideró de la misma forma, para transitar hacia el control territorial propuesto, la creación de tres zonas estratégicas de intervención integral por medio de las ZEII, en defecto de los previstos PDET, para lograr la construcción y desarrollo de la ecuación de la legalidad, el emprendimiento y la equidad y de esta forma, dejar sin efectos los espacios aprobados por el Acuerdo Especial y Final de Paz.
Como meta importante en materia de la participación ciudadana en relación con la fuerza pública, el propósito del Plan Nacional de Desarrollo, aspira a contar con un millón de ciudadanos que se vinculen a las “redes de participación cívica”, antes conocidas en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como “redes de cooperantes”, como estrategia de las políticas de “participación ciudadana”, que eran conducidas por las políticas de la Seguridad Democrática de entonces, y que son reiteradas por el gobierno del “Pacto por la Equidad” y que seguramente será ampliado a las conversaciones nacionales frente a la crisis del gobierno ante la protesta social.
Así, la formulación de la política pública de los gobiernos descritos, acuden igualmente de manera autocrática, a los conocidos consejos de seguridad, donde quedan ausentes los consensos amplios, participativos y deliberativos con la sociedad civil, previstos en los Consejos Territoriales de Paz de conformidad con la ley 885 de 2017, los cuales son omitidos en su real expresión por parte de alcaldes y gobernadores, que obedecen las directrices presidenciales a través de instancias sectoriales y burocratizadas en sus condiciones de agentes territoriales del Presidente de la República.
Se trata de la misma estrategia y de los mismos escenarios, que fueran instaurados para la dominación política en los pasados consejos comunitarios de los gobiernos de Uribe Vélez, los cuales han sido refundados por Duque Márquez, como mecanismos conductistas para lograr el empoderamiento del centralismo autoritario, sobre la autonomía territorial, la cual está garantizada constitucionalmente.
Se olvida el gobierno nacional, que las metas propuestas en materia de defensa y de seguridad, dependen de las condiciones históricas y de las coyunturas sociales, económicas, culturales, étnicas y políticas de la sociedad que responde a la compleja diversidad y conflictividad territorial de Colombia, la cual es desconocida y suplida por las mismas directrices de la doctrina nacional de inicios de los años sesentas a través del terrorismo de Estado, para confrontar el descontento popular en el sector agrario colombiano.
Hoy el campo colombiano, se encuentra atravesado por diversas fuerzas de la ilegalidad, ante el avance de la criminalidad organizada en contra de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC-EP, para garantizar la minería ilegal, el aumento del narcotráfico y controlar por la violencia y el crimen organizado, el avance democrático en el agro colombiano y eliminar de tal forma la organización campesina que lleve al traste con el estatus quo con miras a las elecciones presidenciales en el 2022.
En esta lucha democrática por un país con justicia social y paz, la seguridad pública del gobierno nacional acude a las políticas de fuerza y de coerción de la seguridad nacional, donde sus agentes estatales se ven comprometidos en violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mediante conductas ilícitas por acción y por omisión, mediante genocidios y crímenes de lesa humanidad en una guerra que se revive luego del Acuerdo Final de Paz de 2016.
De esta manera, las políticas en estas materias, las visiones, misiones y metas de la seguridad pública que ofrece el actual gobierno de la “legalidad, el emprendimiento y la equidad”, corresponden a la reiteración de una estrategia característica del Estado colombiano a través de la historia, la cual es implementada para proteger las fuerzas reales de la hegemonía del poder hegemónico a nivel nacional e internacional, a través de una política inaceptable y absurda, cuando se retoman modelos foráneos para lograr el orden y la pacificación como realidades sociales únicas, mediante un enfoque institucionalista, autocrático, autoritario, criminal y populista, para de esta forma, mantener y garantizar el “orden público” del statu quo de los privilegios económicos y de la exclusión del actual estado de excepción permanente e impuesta por un modelo o sistema político dictatorial que se presenta como ejemplo democrático en América Latina.
Se trata simplemente de la reproducción de un modelo de seguridad, propio de un sistema económico y político de un Estado capitalista n lo económico y criminal en lo político, que hoy y por las razones que anteceden, se encuentra en su peor crisis ante la incapacidad de su gobierno, para lograr amainar y aclimatar niveles aceptables de un modelo liberal o democrático en teoría política, que ya se percibe como retórico y utópico, ante las dificultades de alcanzar una paz estable y duradera y que fuera el propósito del Acuerdo Especial y Final de Paz, mediante políticas de seguridad de desarrollo humano y económico, como estrategia estructural del cambio con justicia social que exige el país, que hoy se enfrenta con la protesta social en todo el país, en un proceso que no se vivía hace casi 40 años, luego del paro nacional de 1977.
Ante el avance de la protesta social y de los sectores políticos alternativos, y para apuntalar su permanencia en el poder, el gobierno nacional a nombre de un pretendido “Estado Democrático”, ofrece condiciones mínimas de derechos y libertades a los colombianos, y para su garantía, formula las políticas de defensa y seguridad con colaboración ciudadana mediante el uso de la fuerza y la coerción, que parte de la galería nacional aplaude, pero que la mayoría comienza a denunciar y a enfrentar con la protesta y la organización ciudadana y social para ejercer la defensa de sus derechos, valores y principios, que el gobierno nacional no garantiza y donde el concepto de la soberanía popular y el poder del ciudadano en derechos y libertades, es restringido por medio de la brutalidad policiaca, como rasgo de un gobierno autoritario, excluyente y con rasgos dictatoriales donde se manejan a su antojo los organismos de control, quedando solamente la rama judicial como único camino de restablecer el sistema político propuesto hace 200 años.
Por esta razón, el gobierno nacional, propone concitar la colaboración de un millón de ciudadanos, para que hagan parte de su estrategia democrática, cuando en realidad es formulada e implementada para aumentar la represión del delito como una muestra de la legalidad con participación en la seguridad que es dirigida a la conservación de un sistema de violencia económica ante una realidad social y política de exclusión, donde se ha decidido el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, mediante el engaño y la traición, en contra de la construcción positiva de la paz.
Para lograrlo, el Gobierno Nacional acude al control coercitivo, a través de la consolidación del control estatal del territorio o de la soberanía territorial a través de la fuerza pública, que ahora queda en evidencia ante las omisiones de 33 masacres en lo que va corrido del año 2020, como acciones atribuibles a crímenes de Estado.
El gobierno de DUQUE MÁRQUEZ, incumple una vez más, con la protección real del ciudadano, menosprecia el carácter multidimensional de la seguridad como compromiso del Estado colombiano y desplaza una vez más en los militares la visión de la seguridad militarista mediante las políticas públicas de Defensa Nacional en la cual es subsumida la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social, como estrategia militar de defensa del territorio, ante amenazas de supuestos “enemigos internos y externos” y como expresión de la seguridad nacional o doctrina nacional, que orienta la seguridad de los ciudadanos hacia la coerción o terrorismo de Estado, en detrimento de su prevención, por medio del desarrollo humano, como expresión de una política con visión maniquea y violenta de dominación de la sociedad, que ahora es asimilada al vulgar vandalismo o de confrontaciones internas de carteles o disidencias, que ocultan el terrorismo de Estado ante la opinión nacional que no puede constatar.
Según lo expuesto, en un nuevo contexto de dominación hegemónica, redefine las metas de la seguridad democrática o ciudadana, a través de la búsqueda de las metas del Plan Nacional de Desarrollo referido a la “legalidad, la equidad y el emprendimiento”, como nexo necesario entre la seguridad y el desarrollo económico, el cual responde teóricamente a una estrategia economicista y funcional a los instrumentos del poder hegemónico que propicia y garantiza a través de la violencia económica del neoliberalismo populista, que la sociedad al parecer no está dispuesta a seguir aceptando como políticas del gobernante y que exige su cambio en el año 2022.
En este aspecto, el desarrollo social y humano, con amplia participación ciudadana como factores preventivos de la seguridad democrática o ciudadana, como lo pregona el Plan Nacional de Desarrollo, no aparece en la formulación de las políticas del gobierno nacional, y es reemplazada por una “participación ciudadana-dirigida”, como estrategia coercitiva, a la cual denomina como “redes de participación cívica”, como fórmula oficial que le permita contrarrestar la violación del derecho fundamental a la vida y en “especial” de líderes sociales y de excombatientes de FARC-EP, que a diario incrementan la fría estadística oficial y que observa con preocupación la comunidad internacional, las organizaciones defensores de los derechos humanos y la sociedad en general.
En este escenario, la seguridad ciudadana, es a su vez asumida por el Plan de Acción Operativa, (PAO), que fuera creado por decreto presidencial, para un manejo institucional o del gobierno nacional, con la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, desaparece la participación de la sociedad civil a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo Especial y Final de Paz, todo lo cual, constituye una estrategia política de direccionamiento autoritario de un gobierno en crisis, para procurar índices de gobernanza (Desarrollo Económico denominado emprendimiento) y de marketing político del gobernante y del orden (Seguridad Nacional), que simboliza la reformulación de la seguridad democrática del pasado, a través de unas políticas gubernamentales precarias e inviables, pero que son útiles para su precaria subsistencia, que ahonda su ilegitimidad ante los ciudadanos en sus indicadores de popularidad, de los cuales dan cuenta los recientes resultados electorales en el territorio colombiano, donde su partido de gobierno, redujo su participación ostensiblemente en los gobiernos territoriales, crisis que es ampliada a partir del 21 de noviembre de 2019 de una ciudadanía con o sin partido político y donde convergen todos los sectores sociales y económicos democráticos en contra de la dictadura impuesta por el binomio del crimen de URIBE-DUQUE.
En consecuencia, el gobierno nacional en su discurso oficial, niega la expresión conflicto y la palabra paz, para conducir al inconsciente colectivo a la aceptación del nepotismo y del autoritarismo, pero sin lograr los propósitos comunicacionales en la opinión pública, que cada vez presenta menos credibilidad frente a los actos de gobierno que se presentan erráticos y en total desconexión con la realidad política nacional.
Esta política que fue reiterada por el gobierno nacional fue ejercida del 2010 al 2014, mediante el Plan Consolidación que fue dirigida para confrontar la “guerra interna” contra las organizaciones guerrilleras de la época y ahora, contra los nuevos retos de la seguridad para priorizar las garantías políticas y económicas de una elite dominante que sigue imponiendo la violencia económica en contra del pueblo.
Para lograrlo, acudió a una concepción autocrática protegida por el “servicio excluyente” del poder militar y policial desde el Ministerio de Defensa Nacional, como manifestación del poder del Estado de derecho o de las normas, que ahora se presenta bajo las expresiones de “garantizar el derecho a la vida de los líderes sociales” y para lograr las metas económicas de concentración de la economía, formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo, ya citado que tiene como objetivos paradigmáticos y utópicos, lograr la “igualdad de oportunidades para todos los colombianos” en “cumplimiento” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
En este plan, igualmente no existen expresamente las prioridades en el Plan la Defensa y la Seguridad, como tampoco en el Plan Nacional de Desarrollo, que en conjunto omiten un capítulo especial para la atención y el desarrollo del Acuerdo Especial y Final de Paz en materia de seguridad ciudadana y de convivencia social, como compromisos de Estado, y a cambio, se utiliza la estrategia de la simulación para su “cumplimiento”.
De esta forma, se afecta de manera dramática y estructural la capacidad del gobierno nacional en unión de la sociedad civil, para garantizar los valores tradicionales como la justicia, la libertad, la igualdad, donde la Seguridad Nacional, según los postulados ya decantados en la historia nacional de la doctrina nacional es dirigida una vez más, a la protección de grupos o sectores dominantes, para dar “continuidad legal” al ejercicio constitucional del poder político y económico, que como resultado presenta la continuidad de la crisis social, económica y política, en la cual se debate Colombia y que la protesta social denuncia ante la opinión nacional e internacional.
Por estas razones, es necesaria la reformulación de la política pública de seguridad propuesta por el gobierno nacional, donde a cambio, se privilegie la seguridad humana para construir el mandato constitucional de la soberanía popular con más derechos y para evitar que se repitan los efectos nefastos de las políticas ya conocidas en el pasado del terrorismo de Estado y su sombra de crímenes de lesa humanidad, que continúa manchando de sangre el territorio nacional bajo el bastión del orden y la seguridad, como estrategia que continúa ahondando la crisis social y económica de un modelo neoliberal populista y excluyente, como expresión de la violencia económica decretada por la escuela neoliberal, implementada para la acumulación de la riqueza en manos de las elites corporativas del sistema financiero y corporativista, que arroja a la pobreza a millones de colombianos.
Por lo expuesto, estas políticas de seguridad deben ser reformuladas para respondan a los verdaderos desafíos sociales y económicos como causas estructurales del conflicto y donde la inseguridad ciudadana, es necesaria de contener y erradicar como causas del fenómeno criminal del genocidio, cometidos principalmente en contra de los líderes sociales, defensores de DDHH y excombatientes de las FARC-EP, a través de la formulación de una política pública verdaderamente participativa, pacifista y democrática, en defecto del sesgo autoritario del actual gobierno, que acude a la simulación y al engaño como cumplimiento del Acuerdo Especial y Final de Paz.
El fracaso de estas políticas en seguridad, se registran en la crisis de las políticas de Sustitución de Cultivos Ilícitos y en la Sustitución Voluntaria, la Reforma Rural Integral en todos sus componentes, la Seguridad de líderes PNIS, la Elaboración del Plan Nacional de DDHH, el Plan de Fortalecimiento de Denuncias por Violaciones a los Derechos de los defensores de los DDHH, la Comisión de DDHH y Paz creada por la Defensoría del Pueblo, el Plan Nacional de educación en DDHH y finalmente la Reincorporación Social y Económica,
En síntesis, la protección y garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos, deben responder a una política de seguridad acorde con los propósitos del Acuerdo Especial y Final de Paz, donde su fundamento, privilegio y razón responda al desarrollo humano, a la inclusión, como factores estructurales de un verdadero cambio social, que no se advierte en los postulados del orden de la hegemonía política y económica que postula el actual gobierno, a través de su PLAN DE DEFENSA, SEGURIDAD Y COLABORACIÓN CIUDADANA y que su PLAN NACIONAL DE DESARROLLO igualmente no concibe.
Finalmente, la paz con seguridad o legalidad, fue refundida y no ha tenido correspondencia en su real finalidad a través del fortalecimiento de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, pactadas en el Acuerdo Especial y Final de Paz con el Estado colombiano, y se continúa con la ausencia en la recuperación e integración real de las zonas afectadas por el conflicto armado, que hoy continúan sin la presencia real del Estado a través de políticas para la construcción de paz por parte del gobierno nacional.
En contrario, ha permitido que estos espacios constituyan las expresiones de las nuevas violencias del crimen organizado como amenaza para todo Estado democrático y la explotación económica “legal” e ilegal, que DUQUE MÁRQUEZ Y URIBE VÉLEZ representan en contrario de la defensa de los intereses generales o nacionales, mediante políticas públicas incluyentes en la seguridad pública afín con los intereses democráticos e incluyentes en derechos de la población excluida en cifras alarmantes.
Pese a todo lo anterior, el gobierno nacional en asocio de sus mentores y protegidos del sistema político y económico, continúan dirigiendo desde los gulags económicos, el monopolio y la concentración de la riqueza, a una población golpeada por los efectos de la pandemia y en la peor crisis de la institucionalidad burguesa.
Como corolario, el sistema político y económico impuesto en Colombia a través de una perversa política de seguridad pública, se preguntan aún el por qué se produjo el estallido social de la protesta social del 21N el cual sin duda, que se expresará políticamente en el año 2022, como fin de la usurpación del poder.
(*) Abogado especialista y magister en seguridad pública, docente, investigador y conferencista nacional e internacional.
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