ALGUNOS ANTECEDENTES
Hay una serie de fenómenos sociales que parecen comunes y evidentes: la existencia de la miseria, la corrupción en gran escala, el desempleo, la sistemática violación de los derechos humanos, la inseguridad, el abuso y el despilfarro de la riqueza nacional, todos ellos son momentos normales de la cotidianidad hondureña y tienen como sólido cimiento a la impunidad. A ellos se le agrega el horror desatado por el nuevo coronavirus.
Es decir, además de coexistir en circunstancias de desigualdad y exclusión, enfrentamos un sistema de salud ineficiente, el judicial y de seguridad incapaz de dar protección, que niega el acceso a la justicia y al debido proceso. Tal situación se agudiza mucho más cuando parece que los grupos tradicionales del poder económico y político, y otros que pugnan por establecer su dominio, desarrollan firmes vínculos con el crimen organizado para agrandar riquezas y poderío y hacer mucho más efectiva la posibilidad de un Estado a su servicio.
Ese control del Estado es el producto de un proceso que puede rastrearse con claridad a partir del denominado tránsito a la democracia. Sobre todo, desde 1981 y después de casi 18 años de presencia militar en el poder político. Desde ese momento el país ha sido testigo de algunos cambios: los vínculos sociales se hicieron más urbanos, aumentó la población, surgieron nuevos actores sociales, la ciudadanía amplió sus reclamos y sus intereses, las formas de la cultura nacional se muestran más diversas. el sistema económico se volvió más abierto hasta ser penetrado por inversionistas extranjeros.
A raíz del golpe de estado de junio de 2009, parece que los problemas no resueltos desde décadas atrás brotaron con brutalidad y sus efectos en las personas tomaron tonos más violentos y criminales. Así, y con lo cruento de ese evento, los problemas relacionados con la fragilidad del Estado no aparecieron como un fenómeno espontáneo y de corta duración; sólo se mostraron de forma abierta y en contra de una gran masa de la población. Se puede afirmar que se rompió el finísimo tejido de la aparente “normalidad democrática”. En los años precedentes, la transición hacia la democracia participativa no se expresó como desarrollo nacional equitativo, sostenido y, en consecuencia, el Estado hondureño no pudo levantar los intereses de la nación por sobre los intereses de grupos particulares. De hecho, el Estado está al servicio de ciertos grupos político-económicos y de ninguna manera fue diseñado como un Estado Nacional encargado de regular las relaciones de todos los hondureños.
ALGUNOS MOMENTOS DEL CONTEXTO.
Un elemento constante, permanente, en la historia de Honduras es la fragilidad del llamado proceso de edificación democrática y se nota desde el momento mismo del movimiento independentista. Ese proceso ha experimentado varias alteraciones en forma de golpes de Estado que han retrasado su posibilidad. De alguna manera las rupturas han mostrado que existen ciertos conflictos entre los grupos de poder para imponer su dominio sobre el país entero; esos choques de intereses pueden rastrearse desde 1827 con el derrocamiento del Jefe de Estado de Honduras Dionisio de Herrera, pasando por el golpe de Estado de 1963 contra el presidente liberal Ramón Villeda Morales y alcanzan su punto más crítico y violento el 29 de junio de 2009. Es posible que este hecho sea la expresión completa del fracaso de los intentos democratizadores iniciados en 1980.
Esas costumbres golpistas se observarían también en gran parte de América Latina; en todos se mantendría la tendencia de permanecer en el poder directamente o a través de mandatarios civiles. Y en ciertos casos, como ocurrió en el 2009, pudimos ver un evento que no se acoplaba a los modelos acostumbrados ya que utilizaron medios en apariencia legales, una terminología jurídica para encubrir el golpe y con políticos civiles dispuestos a participar en la maniobra. Posiblemente ese haya sido el modelo aplicado en Bolivia contra Evo Morales.
En esa coyuntura, los integrantes del aparato represivo se exhibieron como brutal fuerza restrictiva y autoritaria y en teoría como defensores de la soberanía nacional que estaba amenazada por potencias extranjeras y por lo que llamaron ideologías exóticas. Se mostraron también como los representantes de un aparato económico que tenían que mantener su poder sobre las empresas estatales, muy favorecidos con partes importantes del presupuesto nacional. Puede decirse que el intento de implementar maneras democráticas en la conducción del país no tuvo como fundamento alguna convicción en los grupos políticos dominantes a favor de prácticas civilizadas para regular la actividad pública, tampoco fue resultado contundente de las luchas emprendidas por el movimiento popular, sino que obedeció a la necesidad de asegurar los intereses norteamericanos en la región y de frenar los movimientos insurgentes en Centro América.
Uno de los efectos de esa “transición democrática” fue la existencia de un régimen político que parecía democrático, con gobiernos surgidos de elecciones y haciendo creer que el momento del voto era esencial en la vida pública. Pudo verse también que el concepto de soberanía nacional empezaba a agrietarse ya que en la década comprendida entre 1980 a 1990 en Honduras existió presencia militar de varios países, hasta hacer del territorio nacional una especie de base militar desde donde se atacaba al gobierno de Nicaragua y se colaboraba de forma encubierta con la fuerza armada salvadoreña. Para llevar a cabo tal tarea los gobiernos de esa década asumieron compromisos que los hicieron ser actores directos, conscientes, responsables, del secuestro, desaparición y asesinato de varios hondureños y extranjeros, de los cuales se exige justicia y reparación por el dolor y los daños provocados. Entonces, de república bananera el país se convirtió en una plataforma de agresión contra cualquier movimiento liberador.
DEMOCRACIA Y CORRUPCION
Desde 1980 se pueden observar intentos por modernizar el Estado y democratizar la sociedad. Al menos eso es lo que se desprende del discurso oficial y de las leyes aprobadas en el Congreso Nacional de aquellos momentos. Se aplicaron técnicas y una fraseología sobre el tema de la rendición de cuentas y la necesidad de introducir códigos que regularan la actividad de los funcionarios públicos. Pero toda esa simulación de apertura no correspondía con la situación existente en la vida social. En los hechos se inmovilizaba al movimiento popular sea por la cooptación de sus dirigentes o por medio de la represión y la corrupción de algunos de ellos. En la esfera del aparato estatal se profundizó el ejercicio de prácticas corruptas hasta extenderse por todo el sistema de gobierno, incluso, esa actividad se ha convertido en una institución objetiva que mueve sus hilos en asuntos sencillos como la tramitación de documentos personales hasta algo más sofisticado como la participación en el narcotráfico, la privatización de la educación y la salud pública, la manipulación de las licitaciones y la adjudicación de contratos con el gobierno.
Las prácticas corruptas se han vuelto tan normales y funcionales que forman parte de la cultura del funcionario, hasta el grado que muchas de las pugnas entre los que encabezan las instituciones públicas con agentes privados pueden resolverse mediante el soborno, la extorsión y el pago bajo la mesa. Así, se aceleran los trámites, se abrevian los juicios, se agilizan las investigaciones policiales, se favorece determinada empresa por medio de decretos de emergencia para evitar el lento procedimiento de la licitación y se efectúan compras directas de equipos y materiales para el gobierno. Ese es el estilo acostumbrado en los gobiernos de la transición democrática, sin excepción. Y al parecer tal recorrido en pos de una sociedad y un Estado más democrático seguirá siendo muy extenso y retorcido tal y como actualmente se ha probado.
Esta actividad ejercida desde el gobierno, desde todas las instituciones estatales y con la activa participación de empresas y actores particulares se volvió mucho más dinámica y macabra con nuevos sujetos que tienen el lugar perfecto para desarrollar e imponer nuevas formas de corrupción. Esa participación estelar le corresponde ahora al crimen organizado que penetra todo el sistema político, tanto al gobierno como a las instancias de dirección de los partidos políticos. En especial, dejan su innegable sello dentro del sistema judicial y de seguridad pública.
La corrupción y sus derivaciones no es algo surgido de forma aislada, con vida propia e independiente de los intereses de los grupos políticos y económicos que han controlado a los partidos tradicionales. No hay separación entre la practica partidaria en el gobierno con los intereses de los grupos dominantes. Muchos de los dirigentes de esos partidos cuando son gobierno dicen con claridad que es su partido el que está en el poder y que hay que asumir ese poder con los miembros del partido. Eso garantiza que se controle toda la institucionalidad y el manejo del presupuesto nacional.
Esa es la garantía eficaz para que los organismos contralores efectúen su labor dependiendo de las conveniencias del instituto político que esté en el poder. Por ello, se esmeran en mantener sus cuadros políticos más confiables en el poder legislativo, en el tribunal electoral, en el sistema judicial y en el sistema de control de la actividad gubernamental, sea negociando partes de esas entidades o asumiéndolas en su totalidad, ello va a depender del partido en el poder político y de los intereses de los grupos económicos que financian campañas electorales. En todo eso que aquí se describe no hay ninguna novedad ya que ha sido la práctica corriente de los grupos políticos que han gobernado el país. Además, cualquier parecido con la situación de otro país latinoamericano, no es casualidad.
DEMOCRACIA Y VIOLENCIA.
Una de las evidencias más claras del fracaso del tránsito hacia la democracia y el proceso subsiguiente puede verse en la violencia convertida en un fenómeno que cruza todas las instituciones. Y la forma más acabada se expresa en la institución militar que por disposición constitucional son garantes de la integridad territorial, del orden público, de todo el proceso electoral y, en general, de la ley fundamental y del supuesto sistema democrático. Se les otorga la defensa de las instituciones y ello puede hacerse con cualquier medio siempre y cuando se garantice y asegure el orden público. Y ahora se les entrega el desarrollo agrícola. Esos encargados de defender el sistema se denominan honorables patriotas, dignos caballeros que al culminar su carrera se convierten en la reserva democrática de la nación, necesaria, imprescindible, con los que se puede contar para desempeñarse con eficacia en cargos públicos.
Todas esa virtudes, el honor, la dignidad, el patriotismo, no salen sobrando, son el antifaz que se utiliza en su servicio hacia el poder económico y político; desde mucho antes de 1980 participan en la aplicación del sistema de leyes que hacen posible el hambre, la miseria, la explotación del trabajo humano, los bajos salarios, la incultura, la desnutrición y el atraso material. Es decir, esa complicidad entre todas las expresiones del poder político y el poder económico, el predominio de esos intereses sobre los intereses sociales, es lo que ha hecho posible que crezca y desarrolle la forma más completa y absoluta de la violencia como es la injusticia.
En sus fundamentos está la violencia estructural provocada por las prácticas del mercado y el monopolio de la técnica y de la ciencia; encuentra un soporte ideológico, bastante racionalizado, en el derecho, la educación, la política y en el sistema normativo que reglamenta las relaciones sociales. La necesidad de conservar inquebrantable toda esa compleja red hace posible la existencia de un sistema de seguridad y defensa operando como fuerzas coercitivas que garantizan la vigencia de la ley a pesar de la inconformidad social, incluso, enfrentan a la cultura y a sus productos por considerarlos peligrosos; hacen uso de tecnología y armamento para vigilar las actividades de las organizaciones sociales y de las personas. Además, esa violencia legalizada y su expresión en el crimen organizado generan ganancias extraordinarias y engrosan las cuentas bancarias de muchos funcionarios y empresarios privados
El golpe de Estado de 2009 mostró que, además de la participación directa de las Fuerzas Armadas que hizo a un lado su rol de garante de la institucionalidad, se experimentó un gran esfuerzo legitimador de parte de los poderes estatales en contubernio con los grupos oligárquicos para dar base sólida a esa ruptura. Tal labor fue instigadora de más violencia y provocó también la introducción de unas artes y una sofistería lingüística para encubrir el hecho del golpe. Se habló de crisis, de sucesión constitucional y de otros artificios propios de acciones delictivas como la falsificación de la carta de renuncia del entonces presidente constitucional. Toda esa cobertura cuasi legal, gramatical y delincuencial fue utilizada con la intención de poner cara amable a la alteración de la legalidad vigente.
PODER POLÍTICO Y CRISIS NACIONAL
Una manera sencilla de definir el poder político es la consulta al manual o al diccionario político. Podrán tener diferencias formales y de contenido, pero en todos se presenta al poder como el medio para desarrollar políticas públicas o políticas de Estado y de gobierno, mediante un sistema jurídico que garantice el orden con la intención de satisfacer el bien común. En la historia hondureña este tema se interpreta de forma muy diferente Los partidos tradicionales consideran al poder político como el instrumento para disponer de fondos públicos y desde donde se solucionan las dificultades financieras personales o del grupo político-económico que representan. Tal forma de concebir al poder la comparten por igual los partidos políticos tradicionales y les ha permitido determinar al Estado como el lugar en donde todo se utiliza en provecho privado. Y por tal razón es que existen los conflictos políticos entre sectores por obtener el poder. No se trata de ofrecer novedosos programas de gobierno que generen mayor inclusión social o normativas distintas que mejoren las condiciones de vida de la población. Esto ha hecho posible que aparezcan poderes más determinantes como el económico y que se encarguen de sustituir al Estado como gestores de desarrollo. Incluso, esos poderes impulsan proyectos que no toman en cuenta conceptos esenciales como el de Estado, Soberanía, Ley Fundamental y exponen la incapacidad del Estado Nacional para actuar con autonomía. El ejemplo lo vemos desde mediados del siglo XX con la inserción del enclave bananero, después con la conversión del país en base militar para intervenir en países vecinos y ahora con el proyecto de las regiones especiales de desarrollo y la concesión de extensas zonas del país para explotaciones mineras y de hidrocarburos.
Esta particular forma del poder político y la fundamental participación de grupos económicos sólo pueden entenderse porque ambos actores sociales conciben al Estado como el botín a repartirse. Sin embargo, la relativa fragilidad de esos grupos les imposibilita funcionar con autonomía respecto al Estado y de competir entre ellos a partir de una supuesta libre competencia en las condiciones del libre mercado. Así, en el sistema político se ha edificado una compleja red de estrechas relaciones económicas, mercantiles, religiosas, políticas, familiares, en donde se ha consolidado la noción del Estado-botín y los partidos políticos se han supeditado a los llamados poderes fácticos. De todo esto se deriva el interés de los grupos dominantes por mantener tal situación sin alteraciones
Si se intenta ir un poco más allá de las comparaciones estadísticas y de los resultados en los distintos procesos electorales podemos encontrar ciertos elementos característicos del estilo tradicional de activar en la política. Vemos, por ejemplo, que a pesar del llamado período democrático muy pocas cosas han cambiado. Al grado de suponer que en nuestro país las aguas que corren bajo los puentes siempre son las mismas. Esa tradición política concentrada en los dos partidos representantes de los grupos del poder económico, muestra tercamente que sus triunfos electorales no se deben a que ofrezcan propuestas políticas de gobierno que tiendan desarrollar y encauzar al país en rutas definidas de prosperidad material en condiciones de equidad y soberanía. Se deben más bien, a fraudulentas manipulaciones del sistema electoral.
Después de la crisis desatada en junio de 2009 y que parece conducirnos a fases de gran carestía, desempleo, inestabilidad social, criminalidad y aumento de la violencia institucional, hasta el punto que cada día estamos más cerca ya no de ser un Estado y una sociedad degradada, sino en un acelerado tránsito hacia un Estado fuerte dirigido por la narcopolítica; esos y otros momentos prueban que la crisis nacional todavía no ha tocado fondo y que existen etapas que podrían ser más peligrosas como la intención de regular la libertad de expresión, de organizar nuevos grupos policiales y de frenar a toda costa a una institución política que provoca temor en los mandatarios. Y todavía más obscura la perspectiva, con el descalabro del sistema de salud pública, saqueado, incompetente, para enfrentar la pandemia que desnuda la prepotencia de los gobernantes y pone en peligro la existencia misma de los sectores más empobrecidos.
Todos esos elementos de nuestra caótica realidad sugieren que es necesario, para cualquiera que aspire a dirigir el país, diseñar una propuesta de gobierno que haga posible organizar el desorden provocado por los partidos tradicionales desde sus diferentes gobiernos. Se trata de superar el descalabro, de ordenar las finanzas, de edificar un sistema social más justo, solidario, equitativo, respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, al cual se podrá llegar en un proceso que debe considerar la participación de los diversos sectores de la sociedad hondureña.
En cualquier propuesta de ese tipo se tendrá que tomar en cuenta que no se trata del orden burocrático ni en el que piensan los formados bajo rígidos esquemas militares; no será el orden cuartelarlo ni el que se impone desde la oficina del policía, ni algo parecido. Es una organización social que posibilite poner en el centro del desarrollo a la persona humana y a las relaciones con la naturaleza, diversa en sus exigencias y posibilidades, con todas sus necesidades materiales y espirituales, algo totalmente inconcebible bajo las condiciones del neoliberalismo y a la sombra de la política tradicional.
Una propuesta realmente alternativa, tendrá que privilegiar políticas públicas que garanticen la reproducción material de la existencia humana, políticas referentes al empleo, el alimento, el agua, la vivienda, servicios de salud y educación gratuitos; que tomen en cuenta la preservación de la naturaleza, políticas fundamentadas en principios éticos que superen la desigual distribución de la riqueza social; tendrán que considerar cómo van a solucionar esas exigencias sociales y otras igual de complejas como la deuda pública, la distribución de la tierra, los problemas de la soberanía, la pérdida del patrimonio nacional, la violencia contra la mujer y toda forma de discriminación y exclusión social. Lo opuesto a estos temas harán que el discurso político sea otra forma vacía de contenido y el plan de gobierno otra simulación que se agrega a lo que siempre ha existido.
Gustavo Zelaya
