El Fiscal General William Barr anunció la presentación de cargos penales contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, acusándolos de estar involucrados en el tráfico ilegal de drogas del país. ¿Por qué cree que las autoridades americanas ofrecen una cantidad tan grande de dinero por información si ya han acusado a Maduro? ¿Significa esto que la acusación es infundada?
Este es otro ejemplo de “legalidad” no respaldada por pruebas.  Si los Estados Unidos tuvieran algo sólido contra Maduro, podrían enviarlo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Viena (https://www.unodc.org/), que tiene una enorme experiencia en la investigación de tales asuntos. También puede involucrar a la INTERPOL, pero eso requiere pruebas sólidas, no acusaciones políticas tipo “globos de ensayo”.
Ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares no ayuda a la credibilidad de la ofensiva propagandística.  Uno piensa inmediatamente en el escenario del Viejo Oeste cuando el Sheriff ponía un cartel de “Se busca vivo o muerto”, ofreciendo una jugosa recompensa.
Este tipo de cosas es indigna de una gran nación y degrada la credibilidad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  De hecho, el mal uso de la administración de justicia con fines políticos socava la integridad de todo el sistema y da lugar a la burla de los ciudadanos.
Desde Montesquieu y su tratado Del espíritu de las leyes, las naciones democráticas han optado por el sistema de controles y equilibrios, por la estricta separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  Cuando el Ejecutivo de Trump comienza a inmiscuirse en asuntos que deben ser tratados de acuerdo con el estado de derecho, de manera profesional y no política, el estado de derecho en sí se pone en tela de juicio.
Otro evidente problema aquí es el doble rasero que se aplica.  En 2019 varios servicios de noticias publicaron fotos de Juan Guaidó en compañía de elementos criminales, incluyendo el grupo criminal paramilitar en Colombia conocido como Los Rastrojos:
Uno pensaría que si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estuviera realmente interesado en combatir el narcotráfico, habría investigado a Guaidó, y el Ejecutivo de los Estados Unidos sería más cuidadoso en la elección del títere que desea apoyar.
Los Estados Unidos tienen una vieja historia de fabricación de pruebas contra sus supuestos enemigos. Como el entonces director de la CIA y actual Secretario de Estado, Mike Pompeo, ha admitido: “mentimos, engañamos, robamos”. (https://www.youtube.com/watch?v=qfrhATD4nM0).  Además, durante la intervención de los Estados Unidos en la guerra civil en Nicaragua en los años 80 las acciones ilegales de los Estados Unidos fueron financiadas en parte por el dinero de la droga. (https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB2/index.html)
Todos recordamos cómo la administración de George W. Bush acusó a Saddam Hussein de intentar obtener uranio en Níger para construir una bomba atómica, de albergar armas de destrucción masiva, etc.  Todo inventado, todo demostrado erróneo, pero eso fue el preludio de la invasión de Irak que causó la muerte de un millón de iraquíes.  ¿Planean los Estados Unidos otra invasión, esta vez contra Venezuela, otro crimen de lesa humanidad?  Soy un ciudadano americano y digo: “No en mi nombre”.
Hay muy poco de racional o ético en la administración Trump, y a la luz de la pandemia de Covid-19, es obsceno distraer la atención púbica levantando acusaciones no probadas contra un jefe de Estado en funciones.  Sin embargo, lo que es urgente es levantar el bloqueo financiero y las sanciones contra el pueblo venezolano, que ya han causado la muerte de decenas de miles de venezolanos.  De hecho, debido a las sanciones, el Gobierno venezolano, a pesar de los considerables esfuerzos realizados, ha tenido grandes dificultades para obtener medicamentos vitales.  Hay una gran crisis económica en Venezuela, causada en un 80% por las sanciones y el bloqueo financiero.
De hecho, las sanciones matan, y a medida que el número de víctimas crece, se convierte en un crimen de lesa humanidad, susceptible de ser investigado y enjuiciado por la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Sputnik Interview.

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