Claudia Orsini: El Lawfare, una agresión  militar aplicada en la controversia del Esequibo.

“Nosotros trabajamos por un ideal grande, por una causa nacional, por una causa humana, esa es nuestra lucha, la causa humana, la causa de la verdad y nosotros formamos parte de una gran lucha, por la justicia por la igualdad por el mundo multipolar contra los imperios, contra el hegemonismo”.

Presidente Nicolás Maduro (23/11/2023)

 

La República Bolivariana de Venezuela tiene razones y argumentos históricos y  jurídicos suficientes para demostrar que el Esequibo le pertenece, pero a pesar de ello se quiere obviar todos estos elementos, lo que evidencia que no se enfrenta una controversia jurídica, en especial porque Venezuela es un país que está bajo asedio permanente, entonces, ¿qué es lo que se desea pasar por alto?.

Lo primero que debe quedar claro es que Venezuela enfrenta cotidianamente agresiones a través de consuetudinarias medidas coercitivas unilaterales por parte de E.E.U.U y la Unión Europea, mismas que a pesar de las retóricas mediáticas están vigentes y renovadas, lo cual evidencia varios asuntos, uno, la violación del sistema internacional (que ellos dicen defender) y dos, lo que por otro lado es una muestra para todos los analistas, geopolitólogos, estudiosos de estos temas, que cuando un Estado de forma unilateral y coercitiva aplica medidas económicas, estamos en presencia inequívoca de guerra hibrida, compuesta, combinada, asimétricas, multiforme o de IV generación.

De la misma forma en que se usan las sanciones, en este mismo contexto es usada también la “ley” como un arma de guerra, cuando se combinan el uso de medios judiciales, medios de comunicación y un elemento que vamos  a llamar, los factores en la sombra con fines militares, estamos siendo objeto de un Lawfare.

Así pues, esta pareciera una lucha legal o jurídica con jueces neutrales, que se pueda dirimir a la luz del derecho, pero no lo es, es la guerra por otros medios.

Cuando hablamos de controversia, litigio, expedientes, abogados, jueces y leyes, de inmediato nos circunscribimos al ámbito jurídico, pero en realidad estamos en presencia de una configuración de orden militar, conocida como Lawfare, terminó  popularizado por el Mayor General Chales Dulap (Director Ejecutivo del Centro de Derecho, Ética y Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de Duke, EEUU) , quien lo define como:  “el uso de la ley para lograr objetivos políticos y militares”.

Esta misma persona en una investigación posterior afirma: “la guerra judicial o la guerra jurídica es ideológicamente neutral, y esto puede ser aprovechado por E.E.U.U para utilizar medios legales que ayuden a aniquilar las capacidades militares del adversario,

por ejemplo: el establecimiento de sanciones internacionales a terceros países para afectar no solo su economía ,sino también la posibilidad de expansión de sus fuerzas militares.”

Esto marca entonces una gran diferencia, “No estamos en el ámbito o terreno jurídico   sino que estamos siendo objeto de un Lawfare”. Como dice A. Sánchez, en su trabajo “lo relevante del Lawfare es su dimensión  política y geopolítica como parte de la estrategia bélica multifactorial y de amplio espectro, dentro de la  modalidad de lo que conocemos como guerra hibrida que utiliza la ley para neutralizar o eliminar a su enemigo político y el aniquilamiento del adversario en aras de una reconfiguración geopolítica..”.

Para el impulso de la estrategia de agresión llamada Lawfare se necesita de la configuración  de al menos 4 elementos visibles y otro en la sombra:

• Una ley o documento con apariencia legal.
• Unas personas tituladas de abogadas o abogados con cargos de jueces.
• Medios de comunicación masivos que contratarán a personas tituladas de periodista que participarán en el ataque.
• Delegados Proxy y autores superpuestos que pueden mantenerse o no en segundo plano a la espera de legitimar la estrategia.

5 ) Y un grupo que está en la sombra tras bastidores en donde están los intereses de corporaciones, financiamiento  así como  grupos de presión, que son los verdaderos elaboradores del plan.

 

Una ley o documento con apariencia legal en el caso de Esequibo .

En este esquema de Lawfare, ¿cuál es la ley necesaria?, exacto!, “el laudo arbitral”, ya que con esto se dará la idea de confusión y de que se trata de una cuestión jurídica, aplicando aquella doctrina de “la mentira necesaria” , por lo que ya sabemos que no es jurídica. Y así después de que Guyana ha reconocido por 50 años la existencia del tratado de Ginebra, hoy pretende desconocerlo e invocar el laudo arbitral.

 

Unas personas tituladas de abogadas o abogados con cargos de jueces en el caso de Esequibo. 

En este caso se escoge no por azar la Corte Internacional de Justicia, porque aplica exactamente para lo que se necesita, está compuesta por jueces que no son neutrales, sino que son actores en el conflicto, porque Venezuela ha dejado claro con anterioridad que no reconoce su jurisdicción, pero aun así ya existe una posición tomada por el tribunal, y este procura y admite una causa sobre la cual no es competente, convirtiendo este acto de hecho en una acción de intervención, con la tentativa de ordenar la suspensión del legítimo y legal referéndum consultivo venezolano.

Varias cosas se deben entender sobre esto: La Corte Internacional de Justicia no tiene facultad ni jurisdicción alguna para estar por encima de la Constitución Bolivariana, pero es muy propio de los Lawfare el desconocimiento de las legislaciones nacionales existentes, y  pasar por encima de las instituciones, promoviendo el incumplimiento de pactos, acuerdos, y en este caso, el intento de desconocer el Tratado de Ginebra para tratar de aplicar una norma supra constitucional, como si esto fuese legal, desde un tribunal, con togas y toda la producción, que servirá luego para las fotos, transmisiones, argumentaciones, etc.

En cuanto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es evidente que resulta muy incómoda desde su creación, porque está diseñada especialmente para potenciar la Democracia Participativa y Protagónica, que no es mera consigna, ya que en ella se establecen distintos mecanismos de consulta, para distintas materias, en este caso con respeto al Esequibo, se invocaron los siguientes artículos:

 

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

 

Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.

 

Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.

También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.

Esta práctica de Democracia Participativa y Protagónica, tiene apenas 23 años, y esta novísima concepción, deja atrás aquellos comportamientos, autócratas heredados del despotismo y de la idea colonial de que no era necesario el consultar nada, una mala práctica que fue derogada con la vigencia de la actual Carta Magna.

A pesar de ello es posible que exista una minoría representantes de sectores más conservadores y atrasados de la nación que aún se niegan a entender esta realidad y que conspiran para retrogradar, tratándose de colar en la opinión pública como “elocuentes”, siendo en realidad parte del Lawfare, cuyo rol es la actuación como parte interesada, para desconocer la legislación nacional y participan en cualquier posibilidad en la que se le pueda quitar los derechos a las mayorías, anhelando otro ordenamiento jurídico que no es el actual.

 

Medios de comunicación masivos, que contratarán a personas tituladas de periodista que participaran en el ataque en el caso del Esequibo.

El papel de la prensa, en este tipo de operación militar es importante tener apoyo de la opinión pública, para poder llevar adelante esta guerra por los recursos; siendo una forma de intervención, más sutil, y más sofisticada, se solapa en una puesta en escena que parece de naturaleza periodística sobre el “hecho jurídico”, pero que no lo es.

De esta forma en el entendido que la opinión pública no desea más guerra por petróleo porque es inmoral, se utiliza el Lawfare en el Esequibo para presentar un proceso jurídico, es decir un conflicto “legal” pero civilizado y legítimo.

Como ejemplo los venezolanos pueden recordar que en años recientes se utilizó el término de “Ayuda Humanitaria” en un conflicto propiciado en la frontera con Colombia, cuando en realidad se trataba de  una invasión.

En el caso del Esequibo, la orden es que Venezuela sea presentada como un país que agrede a otro país más pequeño e indefenso, por lo que veremos repetirse permanentemente esta narrativa en distintos formatos, a pesar de que Guyana no es el Esequibo. Esta retórica permite vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, volviendo a la víctima culpable y la condena entonces, es un mero trámite.

 

Delegados Proxy y actores superpuestos que pueden mantenerse o no en segundo plano a la espera de legitimar la estrategia en el caso del Esequibo 

Entre los delegados proxy tenemos al actual presidente de Guyana Irfaan Alí, al ex secretario general de la ONU Kofi Annan (como “buen oficiante”) que se prestó para vincular el diferendo a la Corte Internacional de Justicia, Luis  Almagro (OEA) que ya tiene experiencia en otros Lawfare, como el aplicado en Bolivia, Patricia Janiot, siempre en la jugada contra los intereses nacionales de los países y a otros como Julio Borges o cualquiera que preste la nacionalidad Venezolana, para dar la idea de interés nacional, como también actrices que se encuentran, dentro y fuera del país, configurando una puesta en escena en la que harán todo lo necesario, para que esta torcedura y defraudamiento de la ley tenga toda la apariencia comunicacional de legal.

 

Grupos a la sombra en el caso de Esequibo.

En este caso la empresa privada siempre ha estado en la sombra, resguardando su imagen meticulosamente, mostrándose como eficientes e incorruptibles, asociando lo corrupto con el Estado y la administración pública, al igual que la ineficiencia; pero es claro que también existe la corrupción empresarial, que crea nóminas para el soborno, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, el incumplimiento de las leyes y la justificación de las malas prácticas comerciales.

Y son justamente las corporaciones con todos sus recursos las que impulsan estas prácticas corruptas las que están detrás de los entramados y que hacen su rol en el Lawfare un ejemplo: la Exxon Mobil gasta una media de US$41.000.000 anuales en grupo de presión (lobby) para bloquear las medidas de lucha contra el calentamiento global (https://es.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil. 22-11-2023), lo que da indicios de su política de presiones para fortalecer sus negocios más allá de las regulaciones legales.

Partiendo de lo que la  analista A .Tirado Sánchez  dice, el Lawfare se configura “con un  proceso que va de la mano de un sistema de cobro de coima armando por jueces y fiscales para enriquecimiento personal en articulación y complicidad de servicios de inteligencias, periodistas estratégicamente colocados en medios de comunicación masivos” .

Esta tarea es de los que están en las sombras, es por ello que los abogados que utiliza el gobierno de Guyana, ante la Corte Internacional de Justicia son pagados por la Exxon Mobil; Así como la Corte Internacional de Justicia está compuesta por jueces cuyos currículos públicos hacen alarde de sus vínculos, con becas de instituciones que a su vez están relacionadas con el Departamento de Estado de los  E.E.U.U, a través de la USAID como lo son las becas otorgadas por fundaciones como: las Becas Eisenhower, la Fundación Fulbright y la American Fundation, y que son presentadas públicamente como mecanismos de cooperación en asuntos educativos y culturales, para captar y robar talentos en ciencias, comercio y políticos en 160 países para la “promoción del entendimiento mutuo”.

En el caso de la Corte Internacional de Justicia, su actual magistrada Hilary Charlesworth de origen australiano fue becada en el año 1982 por la Fulbright Fundation para cursar estudios en la Frank Knox Memorial de la universidad de Harvard en E.E.U.U, a través de un programa entre Estados Unidos, Gran Bretaña y los dominios de la Commonwealth británica. De igual forma su actual presidenta Joan E. Donoghue viene de desempeñar una larga carrera en el Departamento de Estado de los E.E.U.U. hasta ser electa en 2010 en la Corte Internacional de Justicia (En el Departamento de Estado entre los años 2000 y 2001, trabajó como Asesor Jurídico Adjunto en la supervisión de la cooperación bilateral para el cumplimiento de la ley de cuestiones económicas internacionales, incluido el derecho internacional de inversiones y las sanciones económicas); esto sin hablar de la denuncia realizada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez sobre el recién electo juez Bogdan – Lucían Aurescu quien durante su desempeño como canciller de Rumanía legitimó fuera de todo Derecho Internacional el Gobierno Interino que se pretendió instaurar en Venezuela, a través de una carta dirigida a Julio Borges, lo que hace evidente su posición para con Venezuela.

 

En la gráfica se aprecia al juez Bogdan – Lucian Aurescu con el ex Secretario de Estado de los EEUU Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

 

¿Quién financia esta operación en el Esequibo y por qué?

Tras el Esequibo Venezolano se esconden muchos más intereses de los que hasta ahora hemos podido ver, las corporaciones (más allá de los Estados Imperiales) se esconden y se despliegan, financiando por cuenta propia y en conjunto grandes operaciones de inteligencia, contrainteligencia, montajes y engaños para alcanzar sus objetivos.

La empresa Exxon Mobil ha impulsado la agresión territorial intentando hacer ver que Guyana es quien pretende hacerse del Esequibo cuando en realidad están detrás sus intereses.

Evidencia de esto es que desde 2015 ha financiado exploraciones millonarias, con uso de tecnología de vanguardia y sufragado –confesado por propios funcionarios del gobierno de Guyana en los medios de comunicación de ese país – los gastos jurídicos de las acciones emprendidas en la Corte Internacional de Justicia, contra Venezuela.

La pretensión es poder realizar la explotación del bloque petrolero marítimo conocido como Stabroek, que según el Servicio Geológico de EEUU es el segundo mayor territorio del mundo con petróleo sin explorar, con un área de 27.000 km2 en la región del Esequibo, en aguas aún no delimitadas entre Venezuela y Guyana, y en el cual se ha estimado hasta ahora hay más de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas asociado, que justamente se encuentra en la proyección marítima del territorio Esequibo Venezolano de 160 mil Km2, por lo cual para legitimar su explotación, deben estar en posesión del territorio Esequibo (el cual tiene además otros innumerables recursos).

 

Desde 2020 se ha promovido la explotación del Bloque Stabroek, por las empresa norteamericana Exxon Mobil con una participación de 45%, la empresa Hess con una participación del 30%, y la empresa CNOOC Ltd 25%, pero luego en octubre de 2023, según información de la agencia EFE, se anunció que la empresa también norteamericana Chevron confirmó un acuerdo para adquirir la compañía de energía estadounidense de petróleo y gas Hess Corporation por un importe de 53.000 millones de dólares.

Los propietarios reales de estas dos empresas se esconden tras un velo corporativo y las transacciones accionarias de las bolsas de valores, pero una revisión sobre los fondos de inversiones  (https://es.marketscreener.com 22-11-2023)  evidencia que ambas empresas son las dos principales empresas petroleras norteamericanas, y en  cada una, entre sus principales 10 propietarios están 09 empresas norteamericanas y 01 Banco Noruego, a saber, el Fondo Soberano Noruego, con orígenes de sus fondos en la explotación petrolera en ese país y con innumerables asociaciones estratégicas en el mundo. Ver Anexos  1 y 2.

Igualmente el Banco Mundial en 2018, obviando el diferendo entre Venezuela y Guyana, así como las impugnaciones por razones ambientales de sectores de la sociedad civil de Guyana a las licencias de producción de petróleo emitidas por su gobierno, aprobó a través de su junta de directores un préstamo para políticas de desarrollo (PPD) de 35 millones de dólares  para apoyar la perforación en alta mar.

Fuente: https://www.brettonwoodsproject.org/es/2018/07/los-ppd-del-banco-mundial-allanan-el-camino-para-las-perforaciones-marinas-en-guyana-pese-las-preocupaciones-de-las-osc/

 

Anexo 1.

Exxon Mobil:

EEUU: Fondos Financieros Norteamericanos Vanguard Group, Fidelity Management & Research, Geode Capital, Capital Research  (WI), State Farm Investment, Manage Account Advisors, JPMorgan, Dimensional Fund Advisors, Capital Research  (GI).

Noruega: Norges Bank (Banco Noruego administrador del Fondo de Inversiones Soberano de Noruega, de origen estatal).

Exxon:

 

Anexo 2.

Chevron:

Financieros EEUU: Vanguard Group, Geode Capital, Capital & Research (GI), Capital & Research (GI), State Farm Investment, Manage Account Advisors, Wells Fargo, JPMorgan, Franklin Advisers.

Financieros Noruega: Norges Bank (Banco Noruego administrador del Fondo de Inversiones Soberano de Noruega, de origen estatal).

 

Chevron:

 

El Lawfare contra  Venezuela en el Esequibo  y  la decadencia del mundo Unipolar

El malicioso y pérfido uso del sistema internacional, la aplicación de leyes con pretensiones extraterritoriales, la creación de instituciones que operan con fachada neutral y  en la sombra, la formación de profesionales como jueces, periodistas, intelectuales etc.  al servicio de corporaciones, al servicio de nóminas paralelas, con  el rol de torcer la realidad es lo más parecido al crimen organizado, una aproximación a la estrategia de este conflicto del Esequibo, es comprender que  estamos en un contexto de Guerra Hibrida, ahora con un armamento llamado Lawfare, so pena de sonar repetitivos diremos: “El Lawfare es una estrategia militar, es un arma de guerra de trascendencia geopolítica”.

Sin embargo también diremos que es evidencia que tal deterioro en sus propias instituciones y la creación paralela de estos carteles proporcionan elementos que nos hacen llegar a la conclusión de que también los E.E.U.U han perdiendo su hegemonía y esto pone de manifiesto la transición hacia la multipolaridad. Están fuera del sistema internacional y su comportamiento no hace más que reiterar esta conclusión,  recordemos por ejemplo : la actitud de E.E.U.U que frente a la ley es siempre de obstaculizar de inobservancia y por esta reiterada conducta no ratifica las convenciones internacionales de defensa de derechos humanos y siempre apela al “principio de autoexclusión”.  

En consecuencia, ante esta nueva agresión militar contra la República Bolivariana de  Venezuela, los intentos de obstrucción del desarrollo de la constitución nacional vigente y las acciones de desespero dentro del sistema internacional, Venezuela responde de la siguiente manera:

1. Deja evidente que tiene los documentos jurídicos e históricos probatorios suficientes que serían las pruebas necesarias, si se tratara de un juicio real.
2. Llama a consulta a toda la nación, y por tanto activa lo más importante para defender la República y la Paz, como lo es convocar la unidad y la Soberanía Nacional, que es la base fundamental de la Democracia y así lo hace.
3. Activa La Unión Cívico Militar como instrumento de Movilización Nacional y de persuasión ante amenazas externas.

 

Por estas razones Votar el 03 de Diciembre del 2023 es defender:

• La integridad de la República Bolivariana de Venezuela , que es herencia para las generaciones más jóvenes.
• Nuestra Constitución Bolivariana, que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, como pacto social fundamental, nuestras instituciones, superando la mala práctica de la representatividad y la “no” consulta al cuerpo nacional, consolidando la novísima Democracia Participativa y Protagónica que nos permite activar el referéndum consultivo.
• La posición legal y legítima de hacer valer nuestro modelo democrático en la esfera del sistema internacional.
• La Diplomacia Bolivariana de Paz, al proceder por vías legales y legitimas para resolver las controversias con otras naciones, sin caer en provocaciones guerristas y defender la Paz.

 

Por otro lado, el rechazo a la convocatoria del referéndum consultivo y no participar en el mismo coloca de hecho a los no participantes en una posición contraria a los intereses de la nación y las instituciones del país, y favorece la táctica de la confrontación y la guerra permanente planteada por los enemigos externos de la república.

 

Claudia Orsini

Abogada, Historiadora,

Doctora en Defensa Integral de la Nación

politicaypoder@gmail.com