Hace ya 25 años – en el contexto del rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) – Rusia predijo que las cuestiones relacionadas con el uso seguro de estas tecnologías se convertirían en parte integrante de la agenda política internacional del siglo XXI.

En 1998, ese mismo país impulsó una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se llamaba la atención sobre los riesgos del uso indebido de dichas tecnologías. Durante la década siguiente, esta preocupación fue compartida por todos los Estados sin excepción, apoyando el llamamiento a la prevención de conflictos globales en el espacio de la información. Sin embargo, los países occidentales empezaron entonces a experimentar activamente con el uso de las TIC con fines político-militares, aprovechando su superioridad tecnológica en este ámbito en aquel momento.

Con el tiempo, esto se convirtió en una tendencia. Estados Unidos, aferrando desesperadamente a su dominio mundial, tomó rumbo hacia imponer una dictadura neocolonial digital. Y en su agenda el principal objetivo es oponerse a Estados soberanos que como cosa rara y en su manipulacion comunicacional ha declarado como amenazas, principalmente Rusia y China.

Para ello ha impuesto sanciones contra Estados “indeseables” e intenta “socavar” los avances potenciales en los ámbitos más avanzados como: la inteligencia artificial, Internet de alta velocidad (5G) y la computación cuántica. Paralelamente bloquea los recursos en línea que difunden opiniones alternativas a las del Occidente.

Otra de sus políticas es interferir burdamente en los asuntos internos de los Estados a través del sistema global de espionaje e interceptación de datos personales establecido por las agencias de inteligencia estadounidenses, según lo declarado por Edward Snowden, y para lo cual es obvio el uso de las llamadas Redes Sociales y Servicios de Mensajería, todo ello violando descaradamente el derecho de las personas al resguardo de su privacidad.

En un intento de ocultar sus propias acciones destructivas en el espacio de la información y desviar la atención, Washington y sus aliados promueven temas como el de los llamados “hackers rusos”. Mientras tanto, los países de la OTAN están incrementando vigorosamente sus arsenales ofensivos y practicando métodos de guerra utilizando las TIC.

Por ejemplo es obvio que desde que Rusia emprendió la operación militar especial, los Estados occidentales han desatado una campaña a gran escala contra ese país, y a Ucrania se le ha asignado el papel de campo de pruebas en este escenario. No es casualidad que a Kiev lo hayan invitado a participar en las actividades del Centro de Ciberseguridad de Tallin de la OTAN, es decir, que lo hayan incluido en la “CiberOTAN”.

Al mismo tiempo, los líderes occidentales pasan por alto el hecho de que el llamado “Ejército informático de Ucrania” creado con su ayuda – es de hecho, un conglomerado de bandas criminales, que en el futuro se ocupará (y, según hay información, ya ha empezado) de robar informacion a los ciudadanos de los Estados del “mundo civilizado”.

Por supuesto, Estados Unidos y sus partidarios intentan ajustar la agenda de las plataformas especializadas en negociaciones internacionales a su agresiva política en el espacio de información. En concreto, están imponiendo el concepto de la aplicabilidad de determinadas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario, intentando legitimizar la militarización de la esfera de las TIC.

También hay intentos evidentes de introducir la práctica de atribuir responsabilidad infundada a cualquier Estado, sobre todo a los que defienden su soberanía digital, por acciones malintencionadas en el espacio de información. En otras palabras, en la confrontación global – el camino que han elegido los países occidentales – todos los medios son buenos y los contrarios a ellos son declarados CiberTerroristas.

Por ello, es vital promover la creación de un sistema justo de seguridad internacional de la información basado en el fomento de la confianza, la cooperación, la prevención de conflictos y de una carrera armamentística, y la elaboración de un marco jurídico que regule el comportamiento responsable de los Estados.

La garantía de esto podría ser materializar un tratado juridicamente vinculante bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que ponga fin al comportamiento arbitrario del “Salvaje Oeste” en el espacio de información dentro del mecanismo del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) de las Naciones Unidas sobre la Seguridad en el Uso de las TIC en su período 2021-2025.

La gran mayoría de los países en vías de desarrollo están totalmente de acuerdo con este enfoque, mientras que a menudo los países occidentales declaran esta idea como una utopia. Lo mismo decían hace 10 años, cuando se abogaba por un tratado universal contra la ciberdelincuencia que sustituyera al gravemente defectuoso y obsoleto Convenio de Budapest,  pero con el tiempo el sentido común prevaleció: ahora el Comité Especial de la ONU está realizando un trabajo directo para acordar el texto del proyecto de convención internacional para combatir el uso de las TIC con fines delictivos. Por supuesto, aún queda mucho trabajo  por delante, pero lo principal es que ya se ha recorrido un largo camino.

Un tema aparte es garantizar un acceso equitativo y seguro a Internet para todos los Estados y sus ciudadanos. Aunque la mayoría de los políticos y usuarios comunes ven que este sistema se ha convertido en una parte de nuestra vida cotidiana, como un bien global, la realidad no es tan positiva. Como una capa sobre el propio Internet, las principales empresas y corporaciones informáticas y los gobiernos occidentales que las respaldan están convencidos de tener derecho a dictar sus propias normas, un mundo paralelo con sus propias reglas. Como resultado, muchos países se enfrentan a políticas discriminatorias, estigmatización o bloqueamiento de cuentas e incluso restricción del acceso desde países “indeseables”. Al final, tales acciones provocan la fragmentación de Internet, y su consecuente división según el principio de “unos contra otros”. Como ejemplo evidentes esta el espionaje realizado por parte de los EEUU a los telefonos celulares de sus propios aliados, o la expulsion de Trump de la red social Twitter, lo que lo llevó a fudar su propia red social.

Obviamente, es necesario abordar este problema. Un sistema fundado en el principio del “derecho del más fuerte” está condenado al colapso. A la mayoría de los Estados les interesa que Internet y los servicios que se prestan sobre esta plataforma siga siendo accesible y fiable para la comunicación, la educación y los negocios, siempre que se garanticen la seguridad y la soberanía de sus segmentos nacionales dentro y fuera de los espacios virtuales.

En este contexto, es crucial que la comunidad internacional defina los parámetros de la internacionalización de la administración de Internet. Este debate debe llevarse a cabo a base de igualdad en el seno de la ONU y de las plataformas especializadas, incluyendo en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Foro para la Gobernanza de Internet.

El desarrollo y la aparición de tecnologías avanzadas están vinculados sin duda con riesgos de uso malintencionado. Sin embargo, en la etapa actual, condicionada por el crecimiento del potencial de conflictos en todo el mundo y en todas las áreas, la humanidad debe buscar oportunidades para no convertir el entorno digital en un escenario de guerra.

Si el espacio de las TIC, nuestros smartphones y ordenadores se convierten en un escenario de confrontación caótica entre Estados, al final no habrá vencedores. Todo el mundo saldrá perdiendo, sobre todo por desaprovechar las oportunidades de cooperación y desarrollo pacífico. Se requiere Soberanía Digital.

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